Diputados de distintos partidos aseguran que la elección es muy probable y casi indispensable, debido a que la firma del presidente de la Corte de Cuentas es indispensable para que el Ministerio de Hacienda firme un contrato con el Banco Central de Reserva (BCR), que funciona como agente de Hacienda para la emisión de títulos valores
“Creo que hay un 90 % de probabilidad de que mañana sea la elección, los acercamientos han tenido resultado”, aseguró ayer por la tarde el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.
La diputada Milena Calderón de Escalón, de ARENA, cree que hoy deben elegir y aseguró que revisarán las propuestas del FMLN porque pretenden que el apoyo sea unánime. “Mientras más votación tenga, más comprometido está” el funcionario elegido, afirmó la diputada.
Una fuente política aseguró que entre quienes más apoyo tienen suenan tres: Karen Cruz Pineda, Nolberto Osmín Cunza y Rodrigo Barahona Escalante. “Están dentro de las propuestas, gozan de apoyo bastante importante”, dijo Gallegos, sin confirmar la versión.
Ambos diputados reconocen que la elección es un compromiso legislativo ante la falta de una firma de la Corte de Cuentas sobre el contrato para emitir los títulos valores y suscribir el crédito puente por $550 millones.
“Yo creo que mañana (hoy) sí, tiene que haber, porque se nos pasó, no pensábamos en la Corte de Cuentas, no nos percatamos, yo, en mi caso, mea culpa”, admite Calderón.
El Gobierno cree que la Asamblea bien pudo autorizar a la comisión administradora creada por la Asamblea Legislativa para enfrentar la acefalía que sufre la Corte de Cuentas desde el 29 de julio de 2016, fecha límite que la Sala de lo Constitucional les había fijado para hacer la elección.
“No sabemos cuánto se va a tardar (la elección)... Este mecanismo ya se ha utilizado en otros tiempos”, dijo el lunes pasado, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia de la República, sobre la autorización a que funcionarios administrativos firmen los contratos del Gobierno en la adquisición de deuda.
La Sala declaró inconstitucional tres nombramientos anteriores por no justificar la no pertenencia partidaria o la idoneidad del funcionario.